La realidad financiera y administrativa de la Municipalidad de La Florida ha sido desclasificada por @eldesconcierto, esto después de los recientes hallazgos de una auditoría externa.
Siete concejales de La Florida habían solicitado el examen detallado de las cuentas, que finalmente arrojó resultados preocupantes, al punto de que la empresa auditora se "abstuvo de opinar" debido a la insuficiencia de la información proporcionada.
La fiscalización, que abarcó el periodo del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2021, mostró la ausencia de análisis de cuentas, inexistencia de conciliaciones bancarias actualizadas, diferencias en los balances, y la falta de libros de remuneraciones y comprobantes de ingresos.
Carolina Medina, Directora de Control de la municipalidad, quien actuó como la contraparte técnica en el proceso de auditoría llevado a cabo por Ceya Chile, puso sobre la mesa estas deficiencias en el último Concejo Municipal.
El gran ausente a esa sesión, fue Rodolfo Carter.
De forma alarmante, también se encontró una gran pérdida de datos financieros sensibles tras una migración de servicios informáticos.
Esta situación habría causado significativas discrepancias contables.
El Desconcierto tuvo acceso exclusivo a los informes anuales y mostró que la auditoría destacó la falta de "razonabilidad y exactitud" en diversos saldos contables, desde anticipos de fondos hasta cuentas por pagar.
Marcela Abedrapo, concejal del PC, hizo ver su preocupación y consternación por la situación, afirmando que este nivel de desorganización le está costando caro a La Florida.
Hizo un llamado a una investigación exhaustiva para determinar responsables.
Por si lo anterior fuese poco, la Contraloría General de la República ya había identificado irregularidades previas, lo que acarreó el abrir un sumario administrativo y una querella por el
Consejo de Defensa del Estado por malversación de fondos públicos.
La pérdida de documentación crucial y el grado de desorganización en la gestión de los registros fueron evidentes cuando Carolina Medina mencionó que los decretos de pago se encontraban almacenados en contenedores, los cuales habían sido trasladados de forma desordenada tras el vencimiento del contrato de arriendo.
Ante la talla de los hallazgos y las interrogantes que surgen, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿Hubo una intención premeditada de ocultar información o simplemente se trató de una grave negligencia administrativa?
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