¿Cómo es que, 30 años después, ese tesoro es un esperpéntico conjunto de edificios colgados de las dunas?
¿Cómo es que esta “aberración urbana”, en palabras del director de Arquitectura de la Universidad Católica, llegó a ocurrir?
El lugar pertenece a Reconsa, uno de cuyos dueños es Edmundo Pérez Yoma, el hombre más poderoso del gobierno de Eduardo Frei.
Comparte propiedad con Carlos Figueroa, ministro del Interior de Frei.
“Fuimos a hablar con las autoridades para que reconsideraran la situación, porque generaba un daño patrimonial enorme y las empresas desde la crisis del 83 estaban en mal pie”, explicó el socio de Pérez Yoma, Juan Ignacio Soza. Las gestiones fueron lideradas por el lobista Herman Chadwick. “Con Herman les dijimos que era una locura, que teníamos activos, una deuda impagable y cómo nos iban a expropiar esto”.
El 9 de marzo de 1994, dos días antes de que Frei, Pérez Yoma y Figueroa asumieran, un segundo decreto redujo la zona protegida de 50 a 12 hectáreas.
Antes del lobby: “la belleza escénica nace de esta feliz asociación de acantilados, dunas, rocas batidas por las olas...”, proclamaba, inspirado, el decreto de 1993.
Después del lobby: “La conservación del medioambiente no se puede plantear en un sentido restrictivo”, respondía, cortante, el decreto de 1994.
Las dunas se dividen entre Viña del Mar y Concón. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, acusa que un “lobby feroz” acompañó los planes reguladores que, en 1995 y 2002, terminaron de condenar a las dunas. El exalcalde de Concón Óscar Sumontes culpa al “tráfico de influencias”.
Vecinos y activistas han dado una larga batalla. “Seguramente, los espías ecologistas filtraron este proyecto a la comunidad”, decía, frustrado por las protestas, Soza en 2010.
“Cualquier persona inteligente entiende que la propiedad privada es sagrada”. Aunque “nos hemos dado cuenta de que para la comunidad no lo es. Ellos quieren seguir tirándose ahí”, decía, refiriéndose a la práctica de algunas personas de hacer sandboarding en las dunas.
En agosto de 2023, la naturaleza cobró: en medio del temporal, un colector colapsó y abrió un socavón junto a uno de los edificios, el que fue desalojado por el riesgo de derrumbe.
2. Curicó
“Altos del Zapallar” rezan las letras gigantes que dan la bienvenida a una villa que hoy es un páramo de barro y escombros. La crecida del estero Guaiquillo arrasó la “Costanera Santa Teresita”; el río se llevó por delante árboles, autos y postes de luz.
La publicidad de la constructora Galilea, que mantiene viviendas en venta, promete que es “un sector consolidado y de alta plusvalía”.
Al menos rima: es un sector inundado. Sobre la plusvalía, imagínense: cerca de 300 casas fueron invadidas por el agua y el lodo.
El alcalde de Curicó admite que parte de la villa se levantó sobre una zona inundable, bien nacional de uso público.
El director de obras municipales, Carlos Figueroa (alcance de nombre), autorizó la construcción y fue destituido tras una investigación de la Contraloría en su contra por varios permisos irregulares.
Cuando el escándalo explotó, hace algunos años, las primeras casas ya estaban construidas y sus nuevos dueños estaban instalados, y endeudados. Primaron los hechos consumados.
La constructora Galilea ha sido objeto de denuncias y demandas en Perú, por los daños sufridos por sus viviendas en ese país. Uno de sus dueños es el exintendente del Maule, exdirigente de la Cámara Chilena de la Construcción (este no es alcance de nombre: es la misma con intereses en Reconsa) y actual senador y candidato a presidente de RN, Rodrigo Galilea.
En 2021, cuando el gobierno presentó un proyecto que reducía el beneficio del IVA a las constructoras, el senador Galilea se acercó en La Moneda al ministro de Hacienda. “No me pueden cagar delante mío con el IVA a la construcción. Ustedes son unos chacales. Y yo tengo que sonreír más encima”, le reclamó el senador al ministro, quien trataba desesperadamente de tapar el micrófono.
Zonas vírgenes fueron loteadas, humedales se cubrieron de viviendas. Calles, cemento, “progreso”: aberraciones como Concón suman al PIB: más dólares, más inversión, más puestos de trabajo.
¿Heredaremos un mejor Chile a nuestros niños convirtiendo humedales, bosques y bordes costeros en adefesios?
A quién le importa. Los planes reguladores muchas veces no existen, y si existen no se respetan. Proyectos de millones de dólares dependen de la firma de un director de obras municipales.
“La permisología nos está matando”, denunció hace dos semanas en un seminario de la Sofofa el expresidente Eduardo Frei (sí, el mismo). “Cada vez que se levanta un proyecto interesante para Chile, hay 500 o 600 organizaciones o personas que van en contra”, reclamó. Haciendo eco de sus palabras, el editorial del viernes pasado de La Tercera se titulaba “Permisología: la gran amenaza para el desarrollo de Chile”.
A coro, la vicepresidenta de la CPC y el expresidente de la Sofofa hicieron el mismo reclamo.
Por cierto, hay burocracia inútil que debe despejarse. Pero cuando nos asomamos al abismo del cambio climático la manga ancha no es la solución. Las inundaciones e incendios forestales catastróficos son nuestra nueva cotidianeidad, y debemos prepararnos para ella.
Tenemos una experiencia: las normas antisísmicas en Chile son de excelencia y se cumplen con rigor. Ello ha salvado miles de vidas y ha evitado la destrucción de nuestras ciudades en terremotos como el de 2010.
Ese debe ser nuestro estándar. Porque tal vez nosotros olvidemos pronto las lecciones de este agosto, pero el agua las recordará.
Su memoria no perdona nuestros intereses mezquinos. Bonus Track: galilea reclamando por el IVA a la construcción
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