Camila Polizzi Fonceca no estuvo disponible para este reportaje, pero es la principal protagonista: la excandidata a alcaldesa y a diputada se adjudicó a fines de 2022 una asignación directa por $250 millones del Gobierno Regional del Bío Bío con una fundación “arrendada”.
¿El problema? Según descubrió la Unidad de Investigación de BioBioChile, buena parte de los dineros fueron a parar a cercanos de la figura política que irrumpió en Concepción. Sin ir más lejos, del total del presupuesto, la organización transfirió al menos $93,5 millones a una sociedad adquirida por su pareja apenas un día antes de que esa misma firma fuera contratada por la fundación.
Un porcentaje de estos dineros incluso fue a parar a la cuenta bancaria del hermano de este último, a cambio de supuestas asesorías para el programa.
Por tratarse de un proyecto inferior a las 7 mil UTM (unos $443 millones a fecha actual) la iniciativa no requirió ser visada por el pleno del Consejo Regional y la decisión recayó únicamente en la administración del gobernador Rodrigo Díaz Worner.
Camila Polizzi adquirió relevancia nacional a inicios de 2021, luego de que el Partido Comunes y el Frente Amplio retiraran públicamente el apoyo a su candidatura para la alcaldía de Concepción. Fue en medio de un debate con otros aspirantes al sillón municipal que aseveró que no estaba a favor de que se despenalizara el aborto bajo cualquier causal.
La polémica caló hondo. Su figura rápidamente perdió apoyo y no logró construir sobre la base que heredó de su tío, Juan Polizzi, un histórico dirigente de Barrio Norte que intentó en la elección anterior romper la hegemonía que se disputaban los Ortiz y los Van Rysselbeghe. Misma suerte corrió ocho meses después en su intento para dar el gran salto al Congreso.
Tras sendos fracasos, Camila Polizzi se radicó en el feudo de su tío para replantear su carrera política. Fue así como al menos desde mediados de 2022, que -junto a su círculo de hierro- comenzó a pavimentar el camino para convertirse en la cara visible de un programa que pretendía impactar en el núcleo del emblemático Barrio Norte.
Así consta en una carta enviada por Sebastián Polanco Torres, pareja de Polizzi y jefe de sus campañas, a la Municipalidad de Concepción. En la misiva, solicitaba permisos a nombre de la Fundación En Ti para intervenir una multicancha del sector. Dos meses más tarde, el financiamiento para esa y otras labores se concretaría.
El 18 de octubre, el gobernador Rodrigo Díaz aprobó el financiamiento por asignación directa de un programa de talleres presentado por Polizzi a nombre de la fundación.
En buenas cuentas, el proyecto aspiraba a aumentar “por medio de la capacitación y la identidad patrimonial, la seguridad del sector, generando condiciones de bienestar social a través de la revitalización de los espacios públicos en Barrio Norte”.
Entre otras tareas, el programa consideraba un “taller de limpieza de bancas” para los vecinos, un “taller en limpieza de rejillas” y un “taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios”.
Además, contemplaba la mantención de una multicancha -tal como lo habían solicitado al municipio en la carta-, pintar murales y trabajos de jardinería. El lanzamiento oficial se concretaría a inicios de este año.
El 13 de enero de 2023, Diario Concepción, un medio escrito de circulación regional, daba cuenta a página completa mediante un publireportaje (una publicación pagada por el interesado/a) del lanzamiento del programa. Un hecho que llamó la atención durante la actividad -según confidencian fuentes que presenciaron la puesta en escena- es que el nombre de la Fundación En Ti -a la que se le transfirieron los recursos- no figuraba por ninguna parte. La que sí aparecía en los pendones publicitarios fue la Fundación Capital Social. Una entidad que no existe oficialmente, según confirmaron a BBCL Investiga desde el Ministerio de Justicia, pero de la que Polizzi asegura ser directora.
La omisión no sería casual: aparentemente la idea fue esconder de la esfera pública el nombre del organismo que -en el papel- se adjudicó los dineros para reemplazarlo por uno con el que ella se sentía en control total.
Fuentes requeridas por este medio sostienen que la Fundación En Tí sólo había “arrendado” su nombre y la respectiva firma electrónica de su director a la excandidata a cambio de una suma de dinero que no fue pagada en su totalidad por ella.
Esto derivó en un conflicto que estalló meses más tarde entre la jefa del proyecto y la directiva de la fundación que escaló hasta las oficinas del propio Gobierno Regional.
Resulta que los dueños de la organización fueron en más de una oportunidad al GORE para denunciar que habían sido estafados por Polizzi.
BBCL Investiga contactó directamente a la fundación para obtener una respuesta de su directorio. Sin embargo, quien atendió las consultas fue la propia Camila Polizzi. Tras solicitar hablar con el presidente, Gerardo Silva, ella indicó que éste no se encontraba en la región, declinó proporcionar un número directo y dejó de contestar los mensajes y llamados.
Conflictos aparte, el 20 de enero de 2023 se marcó un hito fundamental para el desarrollo del programa con la firma de un primer contrato entre Fundación En Ti y el organismo técnico que se encargaría de gran parte de las capacitaciones.
La escogida para los servicios fue OTEC Frumisal Limitada, que apenas un día antes había sido adquirida por Sebastián Polanco, administrador público de profesión. La transacción la concretó en Santiago junto a su amigo y excompañero de universidad, Matías Godoy. Todo a cambio de $3 millones pagados en efectivo. El segundo concentró el 95% de la participación en la sociedad, mientras que la pareja de Polizzi -y coordinador del programa- se quedó el 5% restante.
El 30 de enero de ese mismo mes, Frumisal emitió una primera factura para la Fundación En Ti en el marco del programa. Se trata del segundo documento tributario que la entidad emitía en su historia.
Al poco andar y después de la firma de un segundo contrato entre su OTEC y la fundación para la que él y su pareja prestaban servicios, Polanco decidió -por “razones personales”, según explicó a este medio- quitar su nombre de la sociedad, traspasando el porcentaje de su participación a un tercero.
En total, fueron cinco las facturas en favor de la OTEC que suman desembolsos por $93,5 millones. Entre las actividades por las que se les pagó destaca un “taller de limpieza de bancas” ($2,5 millones), una “capacitación práctica metalmecánica” ($7 millones) y un “taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios” ($1,5 millones).
Consultado por este medio, Godoy asegura sentirse engañado por su amigo y reconoce que no tuvo injerencia alguna en las determinaciones de la OTEC, entre ellas la transferencia de dineros a la cuenta corriente de Diego Polanco Torres, hermano del coordinador del programa.
Pese a que asegura que siempre le manifestaron desde el círculo de Polizzi que todo estaba en orden, Godoy sostiene que los movimientos dentro del proyecto le comenzaron a hacer ruido a partir de la explosión del caso Democracia Viva en Antofagasta. Hoy dice sentir que fue utilizado como un “palo blanco”, puesto que él sólo ingresó a la sociedad como “un favor” y que todas las decisiones de la OTEC pasaban por Sebastián Polanco.
“Siempre se me dijo lo que tenía que hacer (…) En realidad me engañaron, porque me reiteraron en muchas ocasiones que no había ninguna irregularidad”, lanza.
En este contexto, presentó una denuncia con todos los antecedentes ante Contraloría para que se investigue el caso. En su escrito asegura que por instrucción de Polanco realizó transferencias a terceros desde la cuenta corriente de la OTEC por unos $50 millones.
“Estoy disponible para colaborar”, asevera.
Entre los pagos directos de la OTEC a Diego Polanco figuran tres traspasos a cuyos comprobantes accedió BBCL Investiga. El primero está fechado el 25 de abril por $1,5 millones, otros $460 mil el 13 de junio y $4,5 millones el 5 de julio recién pasado.
Requeridos por estos traspasos, el involucrado señaló en primera instancia que correspondían a asesorías. Consultado sobre el detalle de éstas, el ingeniero mecánico más tarde cambió su versión. Sostuvo que los pagos obedecen a materiales de construcción y a trabajos que él hizo en terreno, particularmente en la intervención que se realizó en una multicancha del sector.
Respecto de su relación con la OTEC, reconoce no haber firmado contrato alguno y no haber emitido boleta de honorarios, no obstante haber recibido dineros por este concepto tal como consta en las transferencias.
Sebastián Polanco, en tanto, desconoció de entrada tener una relación sentimental con Polizzi, pese a que diversas fuentes confirman el vínculo amoroso. Ambos incluso declaran en numerosos documentos compartir el departamento. Fotos y comentarios en redes sociales también dan cuenta de la existencia de la estrecha conexión.
Sobre Frumisal, recalca no ser actualmente parte de la sociedad y descarta un conflicto de interés por ser contratado por el mismo proyecto del que él era oficialmente el coordinador.
“Yo no soy parte del directorio de la fundación”, espeta.
Frente a las posibles irregularidades, esta Unidad de Investigación requirió un pronunciamiento del Gobierno Regional del Bío Bío respecto del “arrendamiento” de la fundación, el porcentaje de ejecución del programa y sobre un eventual conflicto de interés por la participación del coordinador del programa en la OTEC contratada para el proyecto.
En respuesta, el organismo manifestó -en resumidas cuentas- su “voluntad de dar respuesta ante dudas que puedan asomar producto de la función desarrollada”.
“Por lo anterior, tanto ésta como la totalidad de las iniciativas de inversión adjudicadas por el Gobierno Regional del área Desarrollo Social y Humano se encuentran sujetas a un proceso de auditoría en el marco de las competencias que la ley otorga a los GORE”, acotan.
Y sentencian: “Tal como ha sido práctica pública de este Gobierno Regional, en caso de ser necesario, ratificamos que elevaremos los antecedentes a los organismos respectivos para el total esclarecimiento de la materia”.
Sea como sea, la falta de coordinación con el municipio -sostienen fuentes fuera de micrófono- causó malestar al interior de la casa edilicia penquista. De acuerdo a los consultados, para el lanzamiento ni siquiera fueron invitadas las autoridades comunales y los trabajos colisionaban con las responsabilidades propias de la alcaldía.
Inquiridos, desde la municipalidad confirmaron las diferencias con el financiamiento y ejecución del programa.
“No tuvimos mayor información respecto a este proyecto e incluso manifestamos públicamente al representante del gobierno regional (…) nuestro malestar por no haberse coordinado debidamente con el municipio. Por lo mismo, nos parece que la asignación directa de recursos públicos afecta su uso adecuado y transparente”, cuestiona José Luis Guarderas, delegado municipal de Barrio Norte.
“ABSOLUTAMENTE TRANSPARENTES”
Posterior a la publicación de este reportaje, Camila Polizzi emitió una declaración pública en la que aseveró que el proyecto “se efectuó de manera correcta” y que “no existe sesgo político ni relación filial en los alcances contractuales”.
Así, añadió que todo “fue absolutamente apegado a la norma y al mérito de la iniciativa ejecutada”.
“Yo mantuve una relación laboral con la entidad ejecutora, a la cual no pertenezco y jamás he pertenecido a su directorio. Desempeñé funciones como encargada de programa, mi vínculo con el territorio, y mi experiencia social en el sector, llevaron a que por seis meses cumpliera la función de encargada de programa hasta su término el día 11 de julio”, acotó.
Lea la declaración completa aquí:
