Esteban Olave, Jordan Espinoza, Roberto Urrutia y Cristian Vega tienen tres cosas en común: todos registran amplios prontuarios (en total suman más de 50 órdenes de detención), todos registran viajes a Europa y todos viajaron con pasaportes falsos que obtuvieron gracias a una red de corrupción en el Registro Civil chileno.
Sus nombres figuran en la última formalización del “Caso Pasaportes”, una indagatoria -liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza- que constató la existencia de un entramado conformado por lanzas internacionales, funcionarios públicos y “suplantados”.
Según fuentes de BBCL Investiga, todo permitió a chilenos con amplio prontuario burlar los controles policiales para operar en la clandestinidad del Viejo Continente.
El modus operandi era simple: dos sujetos concurrían a una sucursal del Registro Civil previo acuerdo con un funcionario público. El primero de los involucrados registraba sus huellas dactilares en el sistema biométrico.
El software rellenaba así automáticamente sus datos para la elaboración del pasaporte. Pero cuando llegaba el momento de tomar la foto, el segundo de los implicados aparecía en escena y colocaba su rostro ante la cámara.
En buenas cuentas, la jugada le permitía a este último contar con un pasaporte con su foto, pero sin sus antecedentes penales.
Un documento limpio que le permitía al imputado utilizarlo como mejor le pareciese.
Por estos servicios al margen de la ley, los funcionarios del Registro Civil pertenecientes a esta red solicitaban pagos directos o a través de un tercero.
Las coimas iban desde los $700 mil hasta los $2,5 millones.
Además, gran parte de las operaciones se lograron gracias a la participación de “agentes” que ponían en contacto a los servidores públicos con aquellos que requerían de sus servicios.
Dentro de los últimos formalizados, figura a lo menos un imputado sindicado por el Ministerio Público como lanza internacional.
Se trata de Esteban Josué Olave Espinoza. Su pasaporte falso lo obtuvo el 15 de junio de 2019, en la oficina del Registro Civil Arauco Maipú, en avenida Vespucio Norte.
La jugada le permitió entrar y salir del país, pese a su abultado prontuario. Sin ir más lejos, en Chile cuenta actualmente con una acusación vigente por homicidio que lo tiene recluido en el CDP Santiago Sur.
Registra detenciones por tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita vinculada al narcotráfico.
Con todo, entre 2012 y 2019, reporta al menos 21 entradas y salidas vía aérea. ¿Sus destinos favoritos? España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
Precisamente, en este último país cuenta con varios delitos a su haber. En efecto, la Interpol Roma informó a Chile que Olave suma denuncias por receptación, uso de documento falsificado, conducción con licencia inválida y robo con fuerza.
Según antecedentes recopilados por este medio, de la decena de nuevos formalizados otros tres están en la mira del Ministerio Público por eventuales delitos que pudieron haber cometido en el extranjero. Las sospechas recaen precisamente por sus nutridos registros policiales en territorio criollo. A saber:
Jordan Pablo Espinoza Muñoz obtuvo su pasaporte falso el 27 de julio de 2019, en la oficina del Registro Civil de Mall Plaza Tobalaba.
De acuerdo a conocedores de la materia, el imputado pertenece al “Clan Cucaracha”, una banda dedicada al narcotráfico con operaciones en la región Metropolitana.
Espinoza registra múltiples condenas por robo en lugar no habitado (2017), homicidio frustrado (2017), conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de lesiones graves (2019) y conducción sin licencia de conducir requerida (2022).
Actualmente tiene una acusación vigente por robo de vehículo motorizado, receptación y por porte de elemento conocidamente destinado a cometer delito.
En total, su historial está adornado con 11 órdenes de detención por estos ilícitos.
Pese a ello, reporta entradas y salidas por Italia, Francia y España.
Misma cantidad de órdenes de detención a su haber es la que anota Roberto Osvaldo Urrutia Sepúlveda. Registra múltiples condenas por robo de cosas que se encuentran en bien nacional de uso público (2011), robo en lugar no habitado (2012), receptación (2012), robo en lugar habitado (2013), porte ilegal de arma punzante en espacio público y maltrato a carabinero (2014), robo en lugar no habitado (2017), porte de elemento conocidamente destinado a cometer delitos de robo (2019), robo en lugar no habitado (2020) y robo con intimidación (2020).
Su historial de delitos, al igual que los otros implicados, no le impidió salir del país a España, Brasil e incluso Estados Unidos, país con el que Chile recientemente debió llegar a un acuerdo tras críticas por el mal uso de la Visa Waiver por parte de lanzas internacionales.
Caso aparte es el de Cristian Antonio Vega Martínez. El imputado con el registro criminal más prolífico de todos.
En total son 30 las órdenes de detención que tiene a cuestas. Los delitos, al igual que los otros imputados, van desde la receptación a los atracos. En concreto, posee condenas por porte de elemento conocidamente destinado a cometer delitos de robo (2013), robo en lugar habitado (2013), robo en lugar no habitado (2017), robo en lugar no habitado (2017), receptación (2021), robo con intimidación, receptación de vehículo motorizado y receptación (2020).
Ello no le impidió visitar Reino Unido y Argentina.
Cercanos a la indagatoria sostienen que al menos tres funcionarios del Registro Civil participaron del otorgamiento ilegal de estos documentos. Según las mismas fuentes, todos ellos ya fueron sometidos a procedimientos abreviados.
Requeridos por BBCL Investiga, desde el organismo público indicaron que los empleados que participaron de la entrega ilegal de los pasaportes a los imputados mencionados en este artículo, fueron destituidos de la institución.
En concreto, corresponden a Fabián Andrés González Vera, Rodolfo Miguel Rodríguez Araneda y Marco Antonio Gamboa Vergara, quienes actualmente ya no trabajan en el organismo público, según confirmaron a este medio. En esa línea, del ente agregaron que los sumarios fueron instruidos inmediatamente cuando ocurrió el ilícito.
Respecto a las medidas adoptadas, indicaron que además de las sanciones administrativas y auditorías periódicas, “se reforzaron y aumentaron las medidas de control del sistema de identificación, dando una solución tecnológica, mejorando los procedimientos de capturas y acceso a la red”.
